LibreMente: 2013

Por: Marcela Martínez Sempértegui*

ZARLET Y MARCELA EL 9 DE ABRIL DE 2012

A un año, dos meses y doce días del secuestro de mi hija, en pleno centro de la ciudad de La Paz, Bolivia, yo Marcela Martínez Sempértegui, mamá de Zarlet, DENUNCIO a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales, las redes sociales y cuanto medio de difusión encuentre, la complicidad y encubrimiento de las autoridades del Ministerio Público y la FELCC con los delincuentes de la trata y tráfico de personas de los casos registrados en nuestro país.

Por órdenes superiores según indican quienes pretenden lavarse las manos y/o deslindar responsabilidades, desde enero de este año, los nuevos casos de trata y tráfico de personas que son denunciados, son desviados en oficinas de la FELCC a las reparticiones de FAMILIA, como INDUCCIÓN A LA FUGA y a PERSONAS como PRIVACIÓN DE LIBERTAD, acomodando los presupuestos que exige cada tipo penal de manera forzada o sin fundamento legal.

Recordemos que en 2012 quedaron desnudados los delitos de trata y tráfico de personas en Bolivia, y fue la diputada oficialista Marianela Paco, quien en 9 de mayo del 2012, a través de Erbol, - antes del secuestro de Zarlet -, reconoció e informó que el índice de trata y tráfico de personas en Bolivia se había incrementado en un 92,2 por ciento en los últimos 10 años, es decir desde la caída del sistema democrático; y que el 70 % de las víctimas son niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de 12 a 22 años de edad.

Recordemos también que el informe de la OEA incluyó a Bolivia como uno de los cinco países de Sudamérica con más casos de trata y tráfico de personas, según un estudio de la Organización de Estados Americanos en tanto que el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), estima que cada año más de 1,2 millones de niños y niñas son víctimas de trata en todo el mundo.

El 12 de junio de 2012, ocho días después del secuestro de Zarlet, el Cnl. Jorge Toro, como Director Nacional de la Fuerza especial de Lucha contra el Crimen, informó que en lo que iba del año se habían registrado mil ciento setenta y ocho (1.178), personas desaparecidas a nivel nacional y meses después en un seminario binacional Chile/Bolivia sobre trata y tráfico de personas el My. Walter Sossa, Jefe del dpto. de Trata y tráfico de personas de la FELCC, La Paz, expuso en su disertación que La Paz registraba cinco (5) casos denunciados por día.

Sintomáticamente luego de las declaraciones públicas del Vicepresidente del Estado plurinacional, Alvaro García Linera, quien dijo que yo estaba histerizando los medios, estas cifras comenzaron a descender, pero no porque disminuyan realmente los casos y menos porque se los resuelva. El 31 de julio de 2012 se aprobaron las Leyes contra la Trata y tráfico de Personas y de Seguridad Ciudadana con muchos vacíos y sin tomar en cuenta las sugerencias de personas expertas en materia de seguridad.

A más de un año de la vigencia de estas normas, como Presidenta electa de la asociación de familiares de víctimas afirmo que los casos suman y siguen diariamente, las víctimas que logramos recuperar en el 100% de los casos fue por iniciativa propia de los padres o las propias víctimas, algunos con la intervención tardía de la policía a llamada nuestra y con la presión de los medios de comunicación.

Cuatro meses antes de fin de año ALERTO y DENUNCIO la manipulación de las cifras y estadísticas sobre los casos de trata y tráfico de personas en Bolivia y las cifras de Seguridad Ciudadana en general y EXIJO el tratamiento serio y responsable contra estos delitos que afectan y destruyen a miles de familias bolivianas.

Pretender manipular estas cifras, desviando los casos o intentar quitarles cobertura como se pretendió cuando se aprobó en febrero del presente, el reglamento de la Ley 263, es solo una prueba más de autoritarismo que demuestra que en Bolivia ya no existe la independencia de los órganos de poder y que las autoridades tristemente designadas sin experiencia ni curriculum son las que están dispuestas a seguir órdenes como los abogados del caso extorsión que ocuparon las direcciones jurídicas de diferentes ministerios apenas se titularon.

A nombre de miles de familias bolivianas y de ciudadanos comunes que no tienen acceso a los medios EXIJO SEGURIDAD CIUDADANA, EXIJO SEGURIDAD JURÍDICA REAL, EL EJERCICIO PLENO DE NUESTROS DERECHOS. Es un extremo inaceptable que a título de CONFIDENCIALIDAD, por ejemplo se pretenda coartar la cobertura de estos casos en los medios masivos, con artículos como el 10 del reglamento de la Ley 263 que textualmente dice:

“Artículo 10°.- (Confidencialidad) Ningún medio de comunicación público o privado, publicará, ni transmitirá por ningún medio, ninguna imagen de personas que hayan sido víctimas de trata y tráfico, o cualquier medida que haya sido adoptada, en relación con la víctima, antes, durante o después de la actuación judicial; tampoco podrán divulgar el nombre, la dirección, ni cualquier otra información que tenga la intención de identificar a la víctima o al testigo.”

Cuando la tendencia mundial es la implementación de la ALERTA TEMPRANA, con la difusión de la imagen y todos los datos de la víctima, a través de todos los medios posibles, quedando ampliamente demostrado que la mayoría de los casos denunciados en los que se aplicó tal medida, quedaron resueltos en las primeras 48 horas.

Es vergonzoso para jueces y fiscales que en los últimos seis años, no tengamos tratantes sentenciados, es vergonzoso para todas las autoridades del área que las madres de las víctimas recuperemos a nuestr@s hij@s sin su ayuda y que no existan detenidos, es inaceptable toda la burocracia que crearon las nuevas normas y con toda esa cantidad de gente reunida en consejos y consejitos no encontremos una autoridad efectiva y eficiente.

Raya en la dictadura de la coca que en el caso específico del secuestro de mi hija Zarlet, la única persona que estaba proporcionando información y que pidió recompensa en los parámetros de relativa credibilidad, Juan Cruz Maquera, haya sido detenido por otro caso; sea dirigente cocalero de la Federación Trópico, la misma de Evo Morales, (quien se desempeña al mismo tiempo como máximo ejecutivo de los cocaleros y como Presidente del Estado Plurinacional), que hace nueve meses de su detención preventiva por uso indebido de bienes del Estado, no haya prestado declaración en el caso Zarlet y que viceministros del ministerio de Gobierno que se supone son coadyuvantes en el caso, hayan salido a declarar en todos los medios que es un simple extorsionador, sin investigación previa.

Y todavía más, raya en lo absurdo que semanas atrás cuando el papá de Zarlet lo visitó en Chonchocorito, para intentar retomar contacto lo primero que le dijo fue que los del ministerio de Gobierno lo traicionaron y que apenas salga, hará cambiar a esos traidores y ofrezca firmar un documento de préstamo por el monto de dinero que le dimos a cambio de vengarnos juntos de las autoridades de gobierno.

EXIJO que me devuelvan a mi hija ZARLET sana y salva y exijo a todas las autoridades del área actuar en conformidad a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños

que definen la trata de personas del siguiente modo:

“la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.”

Es deber y obligación de todas las autoridades cumplir y hacer cumplir el ejercicio de los derechos humanos y luchar contra los delitos de lessa humanidad como es la esclavitud del siglo XXI, todo lo contrario es complicidad.

El Protocolo es el primer instrumento mundial legalmente vinculante con una definición acordada sobre la trata de personas. La intención detrás de esta definición es facilitar la convergencia en los enfoques nacionales en relación con el establecimiento de infracciones penales nacionales que apoyan la cooperación internacional eficaz en la investigación y el enjuiciamiento de casos de trata de personas. Otro objetivo del Protocolo es proteger y asistir a las víctimas de la trata de personas con pleno respeto de sus derechos humanos.

La convención y el protocolo están bajo la jurisdicción de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime) y desde que Bolivia firmó la Convención de Palermo en el año 2000, es de cumplimiento obligatorio y supraconstitucional, al tratarse sobre derechos humanos.

Los delitos de Trata y tráfico de personas son delitos conexos al narcotráfico y los últimos casos de los niños que lograron escapar del Chapare, así lo demuestran.

Recuerdo al Presidente Morales que si su gestión no tiene la capacidad de preservar la dignidad y libertad de sus ciudadanos, mal podría estar pensando en reelección.

No más demagogia, no más improvisación , no más manipulación. Necesitamos a los mejores hombres y mujeres de Bolivia para resolver el problema de la Inseguridad en general, los bolivianos merecemos vivir en paz y con certidumbre, recuperar a nuestros hijos, ponerle u alto a la delincuencia.

Recuperemos a ZARLET como un símbolo de FE y esperanza, súmate a la Campaña de Amor y difunde esta nota. Gracias!!!