MAYORÍA ABSOLUTA: LÍMITE AL PODER CONSTITUYENTE
Por: Marcela Martínez Sempértegui *
*La autora es Periodista y Abogada Constitucionalista.
Por: Marcela Martínez Sempértegui *
Con la aprobación unilateral del sistema de votación para definir el nuevo texto constitucional por mayoría absoluta, incumpliendo el Art. 25 de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente concordante con la constitución vigente, que establecía los dos tercios, el rodillo del MAS, ha puesto límites al Poder Constituyente, ha vulnerado valores supremos y principios constitucionales y democráticos que debieran estar presentes en un proceso legal y legítimo de construcción de un nuevo Pacto Social.
Recordemos que en el recuento final nacional de votos para elegir asambleístas el partido de gobierno obtuvo un 50.7%, según la estadísticas de la Corte Nacional Electoral; este porcentaje hace que la bancada masista sea suficiente para obtener la mayoría absoluta. En otras palabras un 49% de bolivianos y bolivianas nos quedamos sin representación en la asamblea, ya que la participación de las trece fuerzas políticas restantes se hace innecesaria.
El Poder Constituyente como fuente de toda constitución queda limitado, el concepto de Sieyés como potestad que tiene el pueblo de construir un Estado y de darse una organización política y jurídica se destruye porque no proviene directamente del pueblo, sino de un partido político aunque coyunturalmente sea mayoría.
El concepto de Asamblea originaria por el que inicialmente se rasgaron las vestiduras queda en discurso porque depende de un poder constituido y en función de gobierno y no toma en cuenta al 100% de la población.
En estas condiciones, el resultado no podrá ser un nuevo “Contrato Social” por el hecho de negarse la posibilidad de generar acuerdos entre las partes, por negar las libertades de consentir o disentir, de representar y de participar. No se puede hablar más de consensos, ni de deliberación; si de imposición como característica irracional en el ejercicio del poder.
La soberanía del pueblo queda reducida a la voluntad poco creativa y condicionada de unos cuantos y el sistema político reforzado por nuevos actores de nombre pero viejos y maleados en la práctica, se consolida como factor de divisionismo, de crisis y de autodestrucción. Lejos de actuar guiados por el bien común superponen intereses sectarios.
La miopía política de no considerar a las minorías que sumadas representan a la mitad de la población, debilita más el sistema democrático que por lo menos formalmente subsiste. La oportunidad histórica de ser verdaderos actores del cambio y construir un Nuevo Estado con inclusión y equidad social, se reduce a un intercambio de roles entre incluidos y excluidos, fuente de resentimientos y rencores.
La riqueza del constitucionalismo que se construye en la resolución de la pugna de intereses contrapuestos a través de instrumentos políticos en esencia y formalmente jurídicos pierde toda su esencia. Ignorando los principios y derechos fundamentales en el procedimiento de aprobación ¿Qué resultado esperamos? ¿Para qué se invirtió tiempo y dinero en diseñar proyectos que garanticen una composición democrática y representativa de la asamblea? ¿No reclamaban los sectores ahora en funciones, la falta de pluralidad de la actual constitución, aspecto que tenía que ser superado?
Es oportuno que en conjunto hagamos una pausa, repensemos y reencausemos el proceso constituyente, sin imposiciones, sin medidas extremas que tampoco conducen a nada, sin costosas campañas con resultados subjetivos que podrían acrecentar el divisionismo y hasta auspiciar constituyentes paralelas.
Esforcemos la capacidad de retomar el diálogo, de encontrar puntos de coincidencia, referentes de unidad. Ante los extremos encontrados de las primeras fuerzas, corresponde a la sociedad en su conjunto asumir un rol protagónico hasta lograr las alianzas necesarias para un cambio serio y responsable. El reto está planteado.
Recordemos que en el recuento final nacional de votos para elegir asambleístas el partido de gobierno obtuvo un 50.7%, según la estadísticas de la Corte Nacional Electoral; este porcentaje hace que la bancada masista sea suficiente para obtener la mayoría absoluta. En otras palabras un 49% de bolivianos y bolivianas nos quedamos sin representación en la asamblea, ya que la participación de las trece fuerzas políticas restantes se hace innecesaria.
El Poder Constituyente como fuente de toda constitución queda limitado, el concepto de Sieyés como potestad que tiene el pueblo de construir un Estado y de darse una organización política y jurídica se destruye porque no proviene directamente del pueblo, sino de un partido político aunque coyunturalmente sea mayoría.
El concepto de Asamblea originaria por el que inicialmente se rasgaron las vestiduras queda en discurso porque depende de un poder constituido y en función de gobierno y no toma en cuenta al 100% de la población.
En estas condiciones, el resultado no podrá ser un nuevo “Contrato Social” por el hecho de negarse la posibilidad de generar acuerdos entre las partes, por negar las libertades de consentir o disentir, de representar y de participar. No se puede hablar más de consensos, ni de deliberación; si de imposición como característica irracional en el ejercicio del poder.
La soberanía del pueblo queda reducida a la voluntad poco creativa y condicionada de unos cuantos y el sistema político reforzado por nuevos actores de nombre pero viejos y maleados en la práctica, se consolida como factor de divisionismo, de crisis y de autodestrucción. Lejos de actuar guiados por el bien común superponen intereses sectarios.
La miopía política de no considerar a las minorías que sumadas representan a la mitad de la población, debilita más el sistema democrático que por lo menos formalmente subsiste. La oportunidad histórica de ser verdaderos actores del cambio y construir un Nuevo Estado con inclusión y equidad social, se reduce a un intercambio de roles entre incluidos y excluidos, fuente de resentimientos y rencores.
La riqueza del constitucionalismo que se construye en la resolución de la pugna de intereses contrapuestos a través de instrumentos políticos en esencia y formalmente jurídicos pierde toda su esencia. Ignorando los principios y derechos fundamentales en el procedimiento de aprobación ¿Qué resultado esperamos? ¿Para qué se invirtió tiempo y dinero en diseñar proyectos que garanticen una composición democrática y representativa de la asamblea? ¿No reclamaban los sectores ahora en funciones, la falta de pluralidad de la actual constitución, aspecto que tenía que ser superado?
Es oportuno que en conjunto hagamos una pausa, repensemos y reencausemos el proceso constituyente, sin imposiciones, sin medidas extremas que tampoco conducen a nada, sin costosas campañas con resultados subjetivos que podrían acrecentar el divisionismo y hasta auspiciar constituyentes paralelas.
Esforcemos la capacidad de retomar el diálogo, de encontrar puntos de coincidencia, referentes de unidad. Ante los extremos encontrados de las primeras fuerzas, corresponde a la sociedad en su conjunto asumir un rol protagónico hasta lograr las alianzas necesarias para un cambio serio y responsable. El reto está planteado.
*La autora es Periodista y Abogada Constitucionalista.
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